Acuerdo de Basilea III y la crisis financiera/hipotecaria del año 2008
A pesar de que este acuerdo fue publicado desde el año 2010 es importante -por la propuesta de ajuste normativo del cálculo de la suficiencia patrimonial que publica el CONASSIF en diciembre 2020- repasar en detalle los fundamentos que movió al Comité de Basilea para emitir dicho acuerdo, como fue la crisis financiera del 2008
Para el año 2008 el mundo enfrentaba una crisis financiera con un origen muy particular, el de las burbujas hipotecarias. Esta condición se generó como efecto de que, en el año 2002 con la propuesta inicial de Basilea II, que establecía la autonomía en la gestión de riesgo de cada entidad, los supervisores de algunos países consideraron pertinente abandonar el control coercitivo y favorecer una transición a un modelo más orientado al autocontrol y a la autonomía en el desempeño financiero de las entidades.
Desde el año 2000, varios de los conglomerados bancarios más importantes de Estados Unidos, generaban importantes movilizaciones de crédito para que se desarrollaran proyectos inmobiliarios de todo tipo. Esta tendencia generó, sin duda, una dinámica muy importante en la rotación de recursos y en la riqueza de muchos sectores propiciando e induciendo a muchos ciudadanos a la compra de viviendas y a grandes inversionistas a la asignación de recursos a fondos destinados para este y muchos otros fines de desarrollo inmobiliario.
Ya para el año 2007, un inmueble -posiblemente- había aumentado de valor hasta en 5 veces, lo que ocasionó que se generaran condiciones especulativas de mercado, que al final, estaban respaldadas por emisiones en papel, que circulaban en el mundo para captura de capitales. No obstante, lo anterior, para inicios del año 2007 ya se sentía un exceso en los precios, las participaciones de los fondos inmobiliarios ya no se vendían con tanto entusiasmo, y algunos bancos -los menos solventes- comenzaban a percibir poca liquidez a la hora de negociar las participaciones de sus fondos inmobiliarios, o en los que ellos invertían.
En el año 2008 ya era evidente la contracción del mercado inmobiliario, una reducción importante de la liquidez y, consecuentemente, un debilitamiento de la solvencia de la denominada Banca de Inversión, básicamente compuesta por Bancos o Grupos financieros que concentraban su negocio en apalancarse sin límite, invertir en fondos inmobiliarios, en asignar recursos de liquidez a créditos hipotecarios, o ambos, condición que reflejaba -ilusamente- que sus patrimonios se habían fortalecido por ganancias de capital que básicamente se generaban por superávits de revaluación que eran totalmente ficticios.
La crisis del 2008 es el resultado de una caída general de los precios en el mercado hipotecario como consecuencia de una contracción de la demanda, lo que generó que se ajustaran los patrimonios de muchos de los grandes bancos y grupos financieros del mundo, para evidenciar que el patrimonio no era más que una cifra ilusa que requería correcciones de hasta 10 veces su valor.
¿Por qué Basilea III?
Si bien es cierto que el acuerdo de Basilea II fue una propuesta integral y muy robusta de todos los alcances financieros, operativos y de negocios de las entidades financieras, Basilea III, alcanzó tan sólo tres puntos básicos: 1) El fortalecimiento de capital base (CORE CAPITAL) para que instrumentos híbridos de capital no volvieran a generar valoraciones especulativas, 2) Definir estándares para la definición de una importancia sistémica que exigiera -proporcionalmente- mayores requerimientos de capital a quienes más de apalanquen, y 3) Establecer estándares prudenciales de liquidez que eviten excesos de exposición de riesgo sistémico en las inversiones y dosificar gradualmente los requerimientos de recursos, conforme el comportamiento de los mercados.
El caso de Costa Rica
Casi 10 años después de publicado el acuerdo de Basilea III, el pasado 23 de diciembre, el CONASSIF remitió a consulta la circular 1619/04 proyecto de modificación del Acuerdo SUGEF 3-06 “Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de las Entidades Financieras” en el que se propone una modificación integral de los componentes, los indicadores y la forma como se debe cuantificar la suficiencia patrimonial de una entidad financiera supervisada en Costa Rica.